Impuesto a los ricos. El mismo verso y las mismas consecuencias

Como si se tratara de un bucle, los políticos una vez más repiten las fórmulas que han fracasado en todos los países latinoamericanos y como si fuera poco, se intenta aplicar leyes y sugerir alzas impositivas en un período en que la economía entra en una profunda incertidumbre a nivel mundial, arrastrando bajo crecimiento, un alza sustancial en el desempleo y en el caso chileno, estallido delictual con características propias de una insurrección molecular.

El día 26 de mayo se aprobó, con los votos de la izquierda y las abstenciones de la derecha, el proyecto de resolución que tiene por objeto solicitar al Presidente de la República la creación de un impuesto a los denominados super ricos, para financiar una renta básica de emergencia, la que tendría un carácter “transitorio” para aliviar el supuesto hambre que sufre el pueblo, elemento categorial instalado para forzar una segunda fase insurreccional.

A modo de ilustración, ningún impuesto ha tenido carácter transitorio desde 1990 en adelante, todos siguen vigentes al día de hoy afectando los bolsillos de las familias chilenas, y los generadores de riqueza y empleo. Lo anterior se ha invertido en el crecimiento del aparato gubernamental y el incremento de la intervención estatal sobre las familias de Chile.

Los políticos —en este caso el poder legislativo— una vez más ven como botín a utilizar en sus fines el trabajo ajeno, mediante la ficción estatal en la que se busca vivir a costa de lo que otros producen buscando el sustento diario. En este sentido, si el gobierno recoge dicha medida e impulsa un proyecto de ley que busque grabar con un 2,5% el patrimonio se producirá lo que se ha denominado como el efecto cobra, que en simples palabras es intentar una solución que realmente solo hará empeorar la situación o el problema, más en la situación de emergencia en que se encuentra el mundo, en donde la producción se proyecta que caerá un 5,3% en 2020 y se espera que la pobreza y el desempleo aumente considerablemente en los próximos meses.

Resulta completamente improcedente, erróneo e inentendible subir impuestos cuando lo que se buscará luego de la crisis será generar empleo formal, inversión y estabilidad, ya que los individuos cambian y distorsionan su actuar cuando existen impuestos tan gravosos, y se genera una perdida irrecuperable de eficiencia, que trae consigo una pérdida irrecuperable de gente que podría salir de la pobreza, incorporarse al mercado formal y un bienestar general de nuestra sociedad.

La ley que se quiere discutir no es algo más que un nuevo instrumento que busca generar mayor control social y que además es fallida, ya que en los años noventa 12 países tenían un impuesto al patrimonio de ese tipo y hoy solo quedan tres; Noruega, Suiza y España. ¿Por qué? La mayoría de la gente y de los políticos que viven a expensas del contribuyente creen que las mayores fortunas guardan todo su dinero en cuentas bancarias acumulando riqueza y solo generando intereses de carácter bancario, pero aquella no es la realidad y acercarse a una, generaría una burocracia excesiva. Independientemente de la excesiva burocracia este impuesto patrimonial se debería pagar por el contribuyente aun cuando no se obtengan utilidades por solo mantener un monto superior a lo establecido en la ley, siendo mas que impuesto un pasivo con cargo al empresario en el que él deberá deshacerse de otros pasivos como son los empleados en caso de no reportar utilidad.

Toda esta aplicación de impuestos generaría más pobreza y subdesarrollo, incluso los datos de la CEPAL proyectan que Chile que tenía un 8,6 % de pobreza, previo a la insurrección de octubre, volvería a una cifra de dos dígitos quedando entre un 11,9 y 13,7, llegando en un momento en que políticas precisamente como de la flexibilización, tributación baja y simple son el camino para reactivar la alicaída industria e inversión.


Bastián Gajardo

Fundación Ciudadano Austral