Chile: Libre e Insurrectos
En el artículo “El Próximo Chile” que publiqué en 2017 en este mismo espacio, adelanté una de las posibles anomalías que podría sufrir el gobierno del Presidente Piñera. Y estamos viviendo los desastrosos resultados en el espacio público y privado tras desatarse la calle en el mal llamado “estallido social”.
Los ataques terroristas a las estaciones del Metro inauguraron la transición en el esquema cultural y social. Actos disruptivos que la triple izquierda logró encaminar la angustia hacia la indignación. Deviniendo en una marcha de un millón de personas para exigir un socialismo institucional. Sumando las catastróficas (in)decisiones políticas de la administración para intentar traer de regreso la normalidad.
Los actos de insurrección más fuertes, como los atentados a 80 estaciones del Metro de Santiago (11 totalmente incendiadas y otras con altos daños) desataron el terror público. Extendiéndose por varios días a casi la totalidad de las regiones de Chile con saqueos y quema de trenes, iglesias, recintos militares, tribunales de justicia, centros comerciales, partidos políticos, alcaldías, zona de bosques, colegios o cualquier tipo de destrucción institucional imaginable. En supermercados, el caso más trágico es el de Walmart, que tras sufrir aproximadamente 1200 episodios de saqueos e incendios que afectaron a 128 locales, sumado a 34 supermercados incendiados, decidió entablar una acción legal contra el Estado de Chile.
Los actos de violencia política y manifestaciones callejeras son marcadamente anarquistas. Evidenciándose aquello en las consignas de grafitis o actos performáticos de transgresión del sistema social. Algo conocido constantemente en los últimos 5 años en los liceos emblemáticos de secundarios (en que egresaron importantes políticos y personajes públicos). Lugares en que la ideología ácrata se enquistó en los estudiantes, quienes cometían ataques incendiarios en contra de la autoridad educacional o policial. Así, los “cortes de calle (tránsito)” o en las “tomas” (acción okupa de inmuebles), que eran acciones de apropiación cultural y normalización de la violencia conocidos desde 2006, ocurrían también en las principales Universidades del país o en huelgas sindicales.
Los medios hablan de un sentimiento generalizado de angustia frente al sistema de libertades: “la culpa es del capitalismo sin freno que atropella la dignidad ciudadana”. Pero paso a pasito el rostro ideológico del periodismo ha quedado expuesto por su narrativa. Así, la prensa, al igual que el sindicalismo público/privado y el holding de organizaciones civiles vigilantes del actuar policial que se perciben como independientes, simpatizan con un anarquismo posmodernista. ¿Qué espera el desvanecimiento del poder preservante del estado de derecho? Lograr “destruir para construir”. Consecuencia de la propaganda constante de los movimientos sociales.
La construcción de una indignación en la opinión pública desvía la atención acerca del desastre incendiario de los valores e instituciones occidentales. Calificando de actos vandálicos las acciones sistemáticas de violencia política. Saturación que profundizó el cambio cultural para suavizar la autoridad a la hora de repeler el mal. Respuesta tibia del Gobierno para frenar los actos de insurgencia que se debe al miedo de conculcar la burocratizante e ilógica normativa de Derechos Humanos.
Los errores estratégicos del Presidente tras las filtraciones de audios (de Whatsapp) en reuniones secretas, el frágil dominio de conceptos públicos, o el fraternal apoyo hacia la delincuencia política demuestra que su falta de liderazgo y la carente expertís de quienes le acompañan. Pudiendo con ello explicar cómo cedió tan fácilmente a una nueva Carta Fundamental.
El caso chileno no es un estallido social, ni pacífico, ni espontáneo, ni apartidista. Es un proceso político insurreccional del que casi la totalidad de sus participantes auguran y desean la muerte de la democracia liberal y de los partidos políticos.
Sebastián Espíndola Yáñez
Investigador Fundación Ciudadano Austral
