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Ciudadano Austral presenta carta al Senado por la recuperación de las libertades civiles y defensa de los derechos constitucionales

 

El pasado miércoles 03 de agosto, la Fundación Ciudadano Austral, centro de estudios del sur del país, envió una carta a las comisiones de Salud y de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de la República con motivo de la discusión presentada acerca del análisis para el eventual tratamiento médico obligatorio aprobado para uso de emergencia en los Estados Unidos de América (CDC), y posteriormente por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), que analiza también la obligatoriedad de la inoculación de los ciudadanos chilenos en lo que respecta al tratamiento contra el COVID-19.

La misiva titulada “Por la recuperación de las libertades civiles y la protección y defensa de los derechos fundamentales”, consta de una introducción que presenta derechos constitucionales que han sido atropellados por las medidas estatales y el estado de excepción constitucional vigente. Además, se presentan 8 puntos en el que se contextualiza el exacerbado y prolongado manejo autoritario que han impuesto los sostenedores de las políticas públicas y las consecuencias que han impactado a las personas y la sociedad chilena, como la destrucción del comercio, el aumento de la informalidad y la deuda pública, disminución de las pensiones proyectadas de los trabajadores de Chile, incertidumbre en el sector turístico, aumento de depresión y la violencia intrafamiliar, también la destrucción del tejido social a través de la imposibilidad de funcionamiento expedito de las organizaciones de la sociedad civil, y las dificultades para la profesión de la fe y la realización espiritual.

Por otra parte, también la organización propone perfeccionar el portal del ISP donde se puedan visualizar todos los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19, como lo ha hecho el gobierno británico en sus National COVID-19 Surveillance Reports. La institución también pone en debate el uso del pasaporte verde o pase de movilidad, señalando que “está privatizando un problema público, donde hoy los recursos de protección o de amparo están siendo llevados a cabo no sólo contra el Estado sino ahora entre pares de ciudadanos, por ejemplo, por ciudadanos discriminados en locales comerciales, en gimnasios, hoteles y residencias, entre otros, imputando que personas sanas, que gozan de buena salud y no tienen complicaciones supone un riesgo por no estar inoculado, aniquilando nuevamente el tejido social”.

La carta, que posee firmas de otros profesionales locales y del país, finaliza con una invitación a los senadores a tomar “conciencia sobre la vulneración de derechos, deberes, responsabilidades que supone su cargo y proteger la libertad de conciencia, así como los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos del país” y un llamado a restaurar el régimen constitucional.