Protección de los derechos de propiedad en Chile: Escenario actual y desafíos futuros.

Este 30 de noviembre se publicó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI, por sus siglas en inglés), el cual analiza el desempeño en materias del derecho a la propiedad en 129 países del mundo. El estudio realizado por la Property Rights Alliance analiza los variables de entorno político y legal, derechos de propiedad físicos y los derechos de propiedad Intelectual.

Los resultados del Índice sitúan a Suiza, Singapur, Suiza y Finlandia como los países con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que en los últimos lugares se encuentran los países de Haití, Venezuela, la República de Yemen, Angola y Bangladesh.

En el caso de Chile, éste se ubica en el puesto n°31, descenso de 3 puestos en comparación al año 2020, el cual ya ha sufrido una caída importante desde su mejor puesto en el año 2007, cuando alcanzó el ranking n°22. Y aunque por tercer año consecutivo, la tendencia mundial del Índice ha ido a la baja, con una reducción de un 2,2% y una media del índice de un 5,60 durante el 2021, Chile tuvo una reducción de un 5,52%, por debajo de la media mundial, pero con un desempeño en el indicador de un 6,59 aproximadamente, lo que lo sitúa en el primer lugar de la región.

Las garantías de los derechos de propiedad para activos tangibles como para aquellos de propiedad intelectual otorgan seguridad para el desarrollo de la acción humana, su innovación y creatividad, de tal forma de que los ciudadanos puedan registrar sus propiedades, generando capital, moviendo la economía y promoviendo la competencia en búsqueda de soluciones para las necesidades de la humanidad.

Como bien señala el economista y académico peruano Hernando De Soto en la carta introductoria del Índice de Derechos de Propiedad “La protección de los derechos de propiedad física fomenta la estabilidad económica al permitir que los ciudadanos generen su capital, (…) [siendo] importantes para promover el estado de derecho, la baja corrupción gubernamental, la estabilidad política y un poder judicial independiente”.

Nuestro país debe focalizar esfuerzos en garantizar los derechos de propiedad con miras a seguir subiendo en el ranking del indicador, lo que se traduce principalmente en consolidar de la mejor manera posible las garantías de los derechos de propiedad, pero también la responsabilidad de mantener un entorno político y legal estable, entregando seguridad de estos derechos a las personas que, con su capacidad creativa dinamizan el desarrollo económico-social, aportando al progreso del país.

La importancia de estos derechos es tal, que deben estar garantizados en un rango constitucional, tal como lo reconoce nuestra Carta Magna vigente. No se puede ignorar, en este punto, que nuestro país también se encuentra en la elaboración de una eventual nueva Constitución -se mencionaron en los párrafos anteriores los beneficios de los derechos de propiedad-, éstos deben mantenerse en el futuro y lo hemos expresado también en el documento elaborado en conjunto con otros centros de estudios llamado Lineamentos y Propuestas para una Nueva Constitución publicado en el mes de octubre.

Los tomadores de decisión, sean los redactores de una eventual nueva constitución o los legisladores y poder ejecutivo, tienen el deber moral y responsabilidad de garantizar los derechos de propiedad, tanto los físicos como los intelectuales, por ello debemos propender e incentivar resguardar la creatividad de las personas, permitir que la competencia, el dinamismo de los mercados, la innovación y desarrollo tecnológico vayan en directo beneficio de los poseedores de la propiedad como a la sociedad en su conjunto. Una tarea fundamental para el próximo gobierno.

Yonathan Fuentealba Contreras
Director Ejecutivo
Fundación Ciudadano Austral