De las consultas ciudadanas municipales inconstitucionales a la Constitución de la molotov

El día 15 de diciembre se cerró la votación electrónica de la consulta ciudadana inconstitucional realizada por municipalidades que decidieron adherir a este proceso no vinculante, y sin respaldo del organismo autónomo que está encargado de supervisar los procesos electorales, el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Según fuentes municipales se señaló que se alcanzó un máximo de votos presenciales y electrónicos de 2.114.075, lo que representa un total del 14,74% del total del padrón electoral oficial del año 2017. Sin perjuicio de que pudieron votar menores de edad, que no tienen este derecho, y no cuentan con su respectiva inscripción electoral.

Si hacemos el ejercicio simple de comparar el porcentaje de votación del “Sí a una Nueva Constitución”, e imaginando que verdaderamente el 91 % voto a favor -no hay certeza de que haya sido un proceso al menos transparente-, la cantidad total de votos para cambiar la Carta Magna sería de 1.923.808. Algo así como el número de votos que obtuvo la ex candidata presidencial frentista, Beatriz Sánchez (1.336.824), Carolina Goic (387.780), el progresista Marco Enríquez-Ominami (376.471), el estalinista Eduardo Artés (33.690) y el ex candidato chavista Alejandro Navarro (24.019), sumando un total de 2.158.784 votos, faltando en esta consulta municipal un número de aproximadamente de 234.976 votos para recién alcanzar su último electorado con aquellos candidatos.

En segundo lugar, si los que están a favor del cambio constitucional sumaran los votos de Alejandro Guiller en primera vuelta se agregarían 1.497.118 votos, lo que tendría finalmente un total de 3.655.902 votos. Es decir, obviando la inconstitucionalidad, falta de transparencia, y las decenas de denuncias de vicios en ese proceso, da cuenta que ni la totalidad de las personas que apoyó en elecciones a la izquierda en primera vuelta logró tener el caudal para siquiera igualar su votación en presidenciales 2017.

Los ciudadanos de sentido común se dan cuenta que esto no es una crisis social, es una crisis política, que hasta el momento solo ha sido resguardada nuestra institucionalidad, gracias a que la Constitución Política de la República de Chile fue concebida como una camisa de fuerza al poder. Seguido a lo anterior, donde la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr acuerdos, que en palabras del nobel de economía, Friedrich A. von Hayek (1981), su tarea es “garantizar que los procesos político se conduzcan en forma sana. No es un fin. Es una regla de procedimiento que tiene por objetivo servir a la libertad”, lo que han olvidado los congresistas chilenos posteriormente votando avanzar a un plebiscito nacional forzado por la violencia y el terrorismo.

La Revolución de Octubre, tal como la revolución bolchevique, fue el punto de incineración de la democracia chilena; el mes de noviembre, con un día viernes 15 para el olvido, se firmó el Pacto de Rendición, para ceder a la violencia nuestra carta fundamental; y diciembre, mes de la Entrega, cierra con la aceptación de los políticos de centro-derecha al proceso avalado explícitamente por el dictador Nicolás Maduro y la izquierda radical chilena.

Ante este golpe de estado de guante blanco, la evidencia indica que vendrán tiempos complejos y de incertidumbre. Quizás sea el tiempo que Chile sea rescatado de la agonía por un despertar del sentido común ¿usted qué hará?

Bastián Gajardo
Fundación Ciudadano Austral
Publicada el 22 de diciembre de 2019 en El Pingüino, Punta Arenas